[fuente: El País, 01/02/2012]
El Gobierno regulará por decreto la aportación que han de hacer los ciudadanos al servicio que reciban por la Ley de Dependencia, o sea, el copago. Y para ello se han de fijar unos criterios comunes que determinen la capacidad económica de los usuarios, en función de su renta y de su patrimonio. El copago se había regulado mediante un acuerdo entre las comunidades en 2008, pero la plataforma de la discapacidad (Cermi) lo recurrió y el Tribunal Supremo les dio la razón en diciembre pasado. En todo caso, aquel acuerdo de copago tenía unos márgenes tan anchos que, en la práctica, cada comunidad estaba gestionando a su modo. Las familias con discapacitados se quejaban del peso adjudicado al patrimonio para determinar el copago. Ayer, la ministra de Sanidad y Servicios Sociales, Ana Mato, les hizo un guiño en el Congreso: “Será objeto del Gobierno el patrimonio protegido de las personas con discapacidad”.
Mato también anunció su voluntad de llegar a un gran pacto para implantar un catálogo básico de servicios sociales. Dicho catálogo definiría los servicios a los que tienen derecho los ciudadanos y con qué intensidad. Por ejemplo, si necesitan ayuda a domicilio y cuántas horas. Dentro de ese catálogo, de carácter sociosanitario y compartido con Sanidad, podrían quedar incluidos los servicios que ya se prestan por la Ley de Dependencia. Y no se descarta que algunas prestaciones, como la teleasistencia, que no es más que una alarma a distancia para pedir ayuda, no pueda ser prescrita para los dependientes más graves.
La reforma del baremo por el que se mide el grado de dependencia se simplificará. En la actualidad hay tres grados (grandes dependientes, severos y moderados) y cada uno de ellos tiene dos niveles de gravedad. Fuentes cercanas al ministerio no descartan que se eliminen esos niveles y se queden los grados pelados. Eso evitaría mucha burocracia y aligeraría los plazos, pero la consecuencia inmediata es que se reconocerían menos grandes dependientes (que pasarían al grado inferior) y menos dependientes moderados, que podrían quedarse directamente fuera del sistema. Con lo primero, el Estado ahorraría, porque los grandes dependientes salen más caros. Ana Mato ya señaló ayer las enormes diferencias que hay entre unas comunidades y otras en el porcentaje de grandes dependientes que han registrado en el sistema. Por el otro extremo, los dependientes moderados: con un baremo más riguroso muchos no serían declarados dependientes, lo que no quiere decir que no estén atendidos por los servicios sociales, como ocurre ahora. La ayuda a domicilio, por ejemplo, se presta a personas que no son dependientes, pero que requieren cierto apoyo que les vienen prestando los ayuntamientos o las comunidades. El problema es que esas personas ya no contarían con esa ayuda como un derecho subjetivo sino que quedarían al albur de los presupuestos disponibles o de la voluntad política de turno. De ahí la necesidad de llegar a compromisos fuertes con las comunidades autónomas para definir los servicios sociales para los ciudadanos y su intensidad.
La ministra también hizo hincapié ayer en la equidad garantizada en todo el territorio. Si se tiene el mismo grado de dependencia se ha de tener la misma prestación en cualquier sitio, vino a decir. Pero esto, esbozado en líneas aún gruesas, podría limar la capacidad del ciudadano a elegir la prestación que desea. En el entorno del ministerio se baraja la posibilidad de regular ese extremo, quizá limitando la posibilidad de la familia a decidir cuando se trate de un gran dependiente, por ejemplo, porque no siempre lo que se desea es lo más conveniente para el anciano; o buscando una corresponsabilidad más fuerte entre la administración y las familias, para que aquellas que se encargan de cuidar a sus mayores tengan la preparación o disponibilidad suficientes.
El ministerio cuenta con una ventaja para llegar a pactos: juega en campo propio, casi todas las comunidades son de su partido, aunque alguna de ellas ya están anunciando medidas propias sin esperar a marcos comunes. También los nacionalistas advirtieron ayer de que las competencias en servicios sociales son autonómicas y el PSOE, por su parte, vio en esta complicidad con las comunidades, un riesgo “de privatización del sistema”.
Desde la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, su presidente, José Manuel Ramírez, declaró: “Nos gusta parte de la música, pero esperamos con mucha cautela los detalles”.
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